Act of Repudiation
Recent Comments
    Archives

    ELECCIONES MUMCIPALES EN CUBA

    ELECCIONES MUMCIPALES EN CUBA

    Una vez más se ha iniciado en Cuba el proceso de elecciones de delegados
    a las
    asambleas municipales del Poder Popular, el cual posee relativa
    importancia, no sólo
    porque en él se determine la composición de esos órganos locales, sino
    también porque
    él constituye el primer paso del proceso de renovación de las asambleas
    provinciales y
    de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cual tiene lugar "después
    de constituidas
    las Asambleas Municipales7'."
    De acuerdo con lo estipulado: cada municipio se divide a esos efectos en
    circunscripciones, a cada una de las cuales le corresponde elegir un
    delegado; a los fines
    de la nominación de candidatos, se celebran sendas reuniones en las
    áreas (no más de
    ocho) en que se subdivide la circuflscripción. Los electores que
    participan en estas
    asambleas pueden usar de la palabra para hacer una proposición y
    fundamentarla
    brevemente, o para expresar su criterio a favor o en contra de una
    propuesta de otro
    elector; en definitiva, se celebra una votación "directa y pública" en
    la que se escoge
    por mayoría al candidato de esa área (o a los dos candidatos, en los
    casos excepcionales
    en que la circunscripción no haya sido dividida en áreas y, por
    consiguiente, se celebre
    en aquélla una sola asamblea de nominación). En todo este proceso
    desempeñan un
    papel primordial las comisiones electorales municipales y de
    circunscripción.
    La propaganda comunista no se cansa de alabar una y otra vez las
    bondades que afirma
    que tiene este sistema, resaltando su supuesto carácter "apartidista" y
    la circunstancia de
    que quien nomina es el pueblo, y no un partido político.
    Algunos compatriotas que discrepan del sistema imperante hoy en Cuba,
    han planteado
    no obstante la idea de aprovechar las limitadisimas posibilidades que
    ofrece este sistema
    para intentar lograr la elección de siquiera algunos candidatos
    opositores. Aunque
    respeto esas opiniones, discrepo de ellas: No creo que, en las
    condíciones actuales, sea
    posible lograr por esa vía algún cambio siquiera mínimamente
    significativo de la
    situación existente. El fundamento general de ese criterio es mi
    convicción de que, en
    un país que no es libre, nada puede ser libre; si queremos hacer un
    análisis más
    concreto, habría que tomar en cuenta otras particularidades de nuestro
    país, las que paso
    a señalar.
    Creo que lo primero que habría que señalar es que no debe perderse de
    vista la
    percepción habitual de los cubanos, que valoran cualquier reunión
    organizada por el
    régimen totalitario como un instrumento más que éste emplea para
    manipular a sus
    súbditos. Hay que decir que esta valoración es lúcida y absolutamente
    exacta: Desde su
    ascensión al poder hace casi medio siglo, e1 castrismo, para
    "comunicarse" con sus
    opositores, no ha conocido otro lenguaje que el del paredón de
    fusilamiento, la cárcel
    a Artído 100 @hafa segundo) de la vigente Ley Electoral (Ley No 72, de
    29 de octubre de 1992).
    Artículos 12, 78 y del 8 1 al 84 & la Ley Electoral.
    inmunda y el destierro, el acto de repudio y la brigada de respuesta
    rápida, el insulto y
    la difamación. Claro está, esa apreciación de los ciudadanos tiene
    consecuencias: como
    regla, los que se oponen de manera expresa al régimen imperante, con
    toda la razón del
    mundo se abstienen de participar en esos encuentros; o sea, que a éstos
    asisten la
    mayoría silenciosa (que abomina del sistema, pero que aparenta
    apoyarlo), los
    poquísimos neutrales y la minoría neta que aún lo apoya (personas de la
    tercera edad
    poco aptas para cambiar sus ideas al final de su vida, aprovechados que
    medran a la
    sombra del sistema totalitario, y escasos ilusos que aún quedan).
    Obviamente, se trata
    de un público harto inadecuado para aspirar a que vote por un candidato
    independiente.
    Por otra parte, ya se sabe que en esas reuniones (como en todas las
    demás que se
    celebran en el país) están presentes los militantes comunistas,
    dirigentes de las
    organizaciones de masas e informantes de la policía política. En esas
    condiciones, no
    hace falta decir que quien proponga a un opositor medianamente conocido
    (digamos: a
    un ex preso político) tendría que ser un verdadero héroe, dispuesto a
    arrostrar las
    inevitables represalias del Estado-policía Pero supongamos que aparece
    ese valeroso
    ciudadano excepcional y se hace la propuesta formal: desde luego que los
    representantes del castnsmo allí presentes harán uso de su derecho a
    "expresar su
    criterio … en contra del candidato propuesto"; presumiblemente, los
    conceptos
    negativos no se limitarán a este último, sino que incluirán también a su
    proponente.
    Al fin y al cabo se producirá la votación: no se olvide que ésta se
    realiza a mano alzada,
    lo que implica que se conocerá fácilmente la forma en que votó cada
    ciudadano. Creo
    que sería demasiado esperar que la heroicidad alcance niveles masivos:
    es de presumir
    que los vecinos, intimidados tras casi medio siglo de régimen
    totalitario despiadado, no
    manifiesten con su voto una opinión heterodoxa. Téngase presente que,
    según el sistema
    establecido, no basta con que un porcentaje más o menos notable
    (digamos: incluso un
    treinta o cuarenta por ciento) discrepe: para lograr nominar a algún
    candidato
    independiente, sería necesario que esa proporción llegue a representar
    la rnayoría de los
    votantes en una de las áreas de nominación. Sólo en ese caso podría
    contarse con que,
    en la boleta de esa circunscripción, figure un candidato opositor.
    Como he sefíalado con anterioridad, en todo el proceso de las elecciones
    municipales
    desempefian un papel fundamental las comisiones electorales en los
    distintos niveles.
    Entre otras facultades, ellas tienen, conforme a la Ley, las de: dictar
    reglas
    complementarias de la Ley Electoral, determinar el número y límites de las
    circunscripciones electorales del municipio y de las áreas de
    nominación, organizar y
    dirigir las asambleas de nominación de candidatos a delegados, tramitar
    y resolver las
    reclamaciones que se interpongan, así como declarar la nulidad de las
    elecciones en una
    o varias circunscripciones de un municipio."
    Ver los artículos 12, 22,24,26,30, 78 al 80, 84, 117, 118, 171 y otros
    pertinentes de la Ley Electoral
    Como se ve, se trata de facultades amplias para controlar y dirigir todo
    el proceso de las
    elecciones municipales; en ese sentido, cabe recalcar de modo especial
    que a esos
    órganos les corresponde la subdivisión del municipio en
    circunscripciones y la de éstas
    en áreas de nominación, lo cual, a su vez, resulta determinante para las
    posibilidades de
    éxito que pueda tener algún opositor que resulte propuesto. Debe tenerse
    presente que
    las referidas comisiones electorales tienen una estructura piramidal:
    los miembros de la

    Nacional son designados por el Consejo de ~stado; mientras que los de
    cada una de las
    inferiores son designados por la inmediata superior."
    Es conveniente destacar que, dentro de las actividades que llevan a cabo
    las comisiones
    electorales en este terreno, poseen una importancia especial las de
    circunscripción, a las
    que les corresponde "circular y exponer en murales, en lugares públicos,
    las fotografías
    y biografias de los candidatos";' así como la Comisión Electoral
    Nacional, que establece
    "los principios y normas de carácter ético que regirán los procesos
    electorales" y las
    disposiciones referentes a qué propaganda podrá ha~erse.~
    Es posible que alguien piense que, pese a todo ello, si existe una
    mayoría opuesta al
    régimen, nada poárá impedir que los electores voten en pro de candidatos
    disidentes. En
    puridad, eso no tiene que ser necesariamente así: La legislación
    electoral vigente parte
    del rechazo a cualquier "campaÍía de propaganda electoral"; está
    expresamente
    establecido que "todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a
    favor de qué
    candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio,
    y capacidad para
    servir al pueblo"; la propaganda consistirá solamente en la divulgación
    de las biografias
    y las fotos de los candi&to~.E~s decir, que de acuerdo con el sistema
    establecido por el
    régimen castrista, un elector, al sufragar, ni siquiera deberá saber si
    el candidato por el
    que lo hace es partidario de -digamos- dedicar los fondos municipales a
    reparar las
    escuelas o a bachear las calles; en principio, tampoco deberá
    interesarse en si es capaz
    de hablar en piiblico y defender los intereses legítimos de sus
    electores: se supone que
    lo que valore sea la "integración revolucionaria" que tiene, el número
    de "zafra del
    pueblo" a las que ha asistido y otras cosas así.
    Podría añadir que, aunque se contraviníera lo preceptuado en la Ley y sí
    se hiciera una
    campaiia electoral, en realidad ésta no podría ser honesta. El quid de
    la cuestión radica
    en que el ineficiente sistema económico establecido por el régimen
    totalitario es
    absolutamente dirigista; dentro de él no hay margen para la menor
    manifestación de
    autarquía local. A diferencia de lo que sucede en los paises de economía
    libre, no basta
    con que haya recursos monetarios para financiar una actividad
    determinada, es
    necesario -además- que las autoridades superiores asignen los recursos
    materiales
    d Art. 21 de la Ley Electoral.
    e Artículos 23,25,29 y 3 1 de la Ley Electoral.
    Art. 30, inciso ch), de la Ley Electoral.
    Art. 17 1 de la Ley Electoral.
    Art. 17 1 de la Ley Electoral.
    correspondientes. Esto quiere decir que -por ejemplo- un delegado
    municipal puede
    ser partidario de que el gobierno municipal centre su actividad en la
    reparación de las
    escuelas; si las autoridades superiores no asignan los materiales de
    construcción
    necesarios, nada podrá hacerse.
    Por otra parte, no resultaría fácil monitorear el resultado de la
    votación. La Ley vigente
    admite expresamente que los "ciudadanos que lo deseen'' se encuentren
    presentes al
    realizarse el escrutinio en los colegios electorales.' Sin embargo, no
    existe ninguna
    disposición similar para las comisiones electorales de circunscripción,
    que son las
    encargadas de "realizar el cómputo fi.1 de la votación cuando exista más
    de un
    Colegio Electoral en la circunscripción"?
    A las anteriores consideraciones de carácter general, podría añadir un
    recuerdo personal
    más concreto, de los tiempos en que, a fines de la década de los
    ochenta, asumí la
    defensa del disidente Javier Roberto Bahamonde Masot. Éste precisamente
    centró su
    actividad contestataria en el intento de ser postulado como candidato a
    delegado a la
    Asamblea Municipal del Poder Popular de San Miguel del Padrón, zona en
    la que
    residía Aunque era un opositor conocido, no puede decirse que fuera
    connotado;
    tampoco había sido preso político. Logró ser propuesto por sus vecinos,
    pero no llegó a
    figurar como candidato, pues fue derrotado en la votación pública
    efectuada para
    nominar al aspirante de su área. Las armas que sí utilizó en su contra
    el régimen fueron
    las del Derecho Penal: Bahamonde Masot fue acusado y sancionado a
    prisión en dos
    causas que se le siguieron: una por los delitos de asociación, reunión y
    manifestación
    ilícitas, y otra por el de actividades económicas ilícitas.
    Pero supongamos que, a diferencia de lo que sucedió con ese antiguo
    defendido mío,
    haya uno o aun varios opositores que logren ser postulados y elegidos
    por sus
    conciudadanos como delegados a sus respectivas asambleas municipales del
    Poder
    Popular. Se trataría de algo absolutamente excepcional, pues no tengo
    noticias que en
    alguna de las elecciones municipales anteriores se haya producido un
    resultado de ese
    tipo. En ese caso podría citar mi propia experiencia: En 1990, cuando
    todavía yo no
    había sido expulsado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos,
    se celebraron
    las elecciones de los miembros de la Asamblea General (órgano supremo de la
    Organización, que es formalmente autónoma). Mis compaileros de la unidad
    especializada en recursos de casación, también en votación abierta, me
    eligieron por
    unanimidad para ese cargo, el cual debía desempeñar por cinco años. Sólo
    duré hasta
    1992, y únicamente pude tomar parte en dos reuniones y en parte de la
    tercera: ese año
    fui objeto de un "acto de repudio", especie de linchamiento verbal que
    -según supe
    más tarde- había estado preparándose durante una semana en la sede de la
    Junta
    ' Art. 112 @árrafo tercero) de la Ley Electoral.
    j Art. 30, inciso l), de la Ley Electoral. Esta omisión de la Ley, que
    no contempla la participación de
    ciudadanos interesados u otros observadores en la actividad de las
    comisiones electorales de
    circunscripción, existe también en el caso de todas las restantes
    comisiones electorales.
    Directiva Nacional de los bufetes colectivos.. . Después de mi expuisibn
    de la citada
    reunión, se adoptaron acuerdos privándome del cargo. ¿Alguien duda que
    un hipotético
    delegado municipal opositor probablemente correría la misma suerte?
    Por otra parte, jcuáles serían las posibilidades reales de ese
    fantasmagórico personaje
    para llevar a cabo una actividad opositora desde ese cargo? Desde el
    punto de vista
    jurídico, es evidente que también en esa inusitada situación sería
    aplicable el artículo 5
    de la vigente Constitución de la República, el mismo que establece que
    "el Partido
    Comunista de Cuba … es lajkrza dirigente superior de la sociedad y del
    Estado". O
    sea: que, técnicamente, ese hipotético delegado municipal independiente
    tendría que
    acatar las orientaciones del mencionado partido único en la función que
    éste tiene de
    dirigir el Estado.
    Hay que decir que aun si -¡cosa increíble!- se diera el caso de que las
    fuerzas
    opositoras obtuviesen la mayoría de los delegados en una asamblea
    municipal dada, ni
    siquiera podrían elegir libremente a su Presidente y Vicepresidente, ni
    proponer a sus
    candidatos para los cargos de delegados provinciales y de diputados a la
    Asamblea
    Nacional, pues ese tipo de propuesta corresponde a la Comisión de
    Candidatura
    Municipal, que, al igual que todas sus homólogas, está integrada por
    representantes de
    las llamadas "organizaciones de masas
    Como observación final, cabría hacer la siguiente: imaginemos que, en esas
    dificilísimas condiciones, algunas organizaciones opositoras intentaran
    lograr la
    nominación de candidatos independientes; imaginemos también que (como es con
    mucho lo más probable) no alcanzaran el éxito. Es evidente que en ese
    caso nada podría
    hacerse: entraron en el juego; aceptaron sus injustas reglas,
    determinadas por el régimen
    totalitario a su entero gusto; luego en realidad no procedería ni
    siquiera que protestaran
    del resultado adverso obtenido.
    Como se sabe, el actual sistema de elecciones de los diputados a la
    Asamblea Nacional
    del Poder Popular y de los delegados a las asambleas provinciales data
    sólo de 1992,
    cuando el régimen llevó a cabo la reforma general de la Constitución. No
    sucede lo
    mismo con el sistema de las elecciones municipales, que está vigente en
    todo el país
    desde la misma entrada en vigor de la mencionada carta magna; es decir,
    desde hace
    más de treinta años. Pues bien: ese maquiavélico sistema ha demostrado ser
    perfectamente idóneo para que el régimen logre sus propósitos de auto
    perpetuación. No
    es presumible que sea cambiado en un futuro inmediato, pero en tanto no
    lo sea,
    mientras no se implante la libertad de postulación y otras reglas
    similares a las que
    imperan en los países libres, no sera posible pensar en una
    democratización. En ese
    sentido, los opositores cubanos continuaremos nuestra lucha pacífica.
    Ver, entre otros, los artículos 77, inciso c), 85,92, 155 y 68 de la Ley
    Electoral.

    http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/EleccionesmunicipalesenCuba.pdf

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *