Act of Repudiation
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    El PCC es el responsable de la ausencia del «debido proceso» en Cuba

    El PCC es el responsable de la ausencia del «debido proceso» en Cuba
    El artículo 25 del Código penal cubano exime a los funcionarios públicos
    de toda responsabilidad en la represión por “obediencia debida”
    Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 14/03/2017 11:50 am

    “La banalización del mal”, frase y concepto relevante de la filósofa
    Hannah Arendt, está presente en el Código penal cubano y en la Ley de
    Procedimiento penal. En esta ley y reglamento de ley se exime a los
    funcionarios públicos de responsabilidad penal y administrativa por
    atacar los Derechos Humanos de los ciudadanos cubanos de acuerdo al
    Derecho Internacional. Es simple “obediencia debida o función de su cargo”.
    El PCC —su Buró político en específico— es responsable por la
    Constitución de la República en el artículo 5, de todo el sistema
    estatal y jurídico del país. El partido por ley, se toma la atribución
    de definir las organizaciones legales e ilegales, los delitos y las
    penas para los infractores de la ley. Por eso no se puede afirmar que
    exista independencia del sistema jurídico ni legislativo de la tutela,
    revisión y control del ejecutivo en Cuba.
    El código penal cubano es deudor, como su Constitución, del sistema
    soviético. Del Código penal soviético de 1926 y de la Constitución de
    1936. En el Código penal soviético aparece las dos figuras de delitos
    similares a las que se redactarán en el Código penal cubano de 1988: el
    principio de “defensa social” y de “estado peligroso”. Estos dos
    principios convergen en la definición del delito de “peligrosidad
    predelictiva” que en el artículo 72 y 73 del Código penal cubano, del
    capítulo “Estado peligroso” definen como:
    “Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que
    quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos
    de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los
    demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia
    o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del
    trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables”
    Todo esto subordinado a “la moral socialista” como lo consigna el
    artículo 72.
    Esta es la puerta de entrada para toda la arbitrariedad e impunidad de
    los funcionarios públicos para violar los principios de libertad,
    integridad física y moral, y seguridad del ciudadano cubano, según las
    normas del Derecho Internacional.
    Todas las figuras delictivas de las cuales son acusados la sociedad
    civil independiente cubana como Las Damas de Blanco, la UNPACU, Cubalex,
    el Proyecto
    Convivencia, los periodistas independientes, la Comisión de Derechos
    Humanos y Reconciliación Nacional, Otro #18, la MUAD, Candidatos por el
    cambio, FANTU, el Foro por los Derechos y Libertades y todos los
    profesionales expulsados de sus trabajos por rebelarse frente a la
    arbitrariedad institucional, entran dentro de esta definición de “estado
    peligroso”. No he mencionado todas las organizaciones sino las más
    conocidas.
    El “estado peligroso” se aplica en la práctica contra todos los
    disidentes y opositores políticos. La indefensión ciudadana frente al
    poder de la PNR, los órganos de la Seguridad del Estado y los tribunales
    civiles, militares y laborales es absoluta. Digo absoluta, porque los
    sistemas de apelación no funcionan y dan toda la razón a las autoridades
    policiales, militares y laborales cuando el supuesto delito es disentir
    de una política pública u oponerse políticamente y de manera pacífica.
    No existe un solo caso de apelación por las vías institucionales que le
    den la razón a la víctima de este abuso de poder partidario-estatal.
    Las propias organizaciones represivas del estado y los tribunales de
    justicia violan los Derechos de pensamiento, expresión, manifestación
    pacífica, información, movilidad y residencia, habeas corpus y debido
    proceso judicial mediante la figura del delito de “estado peligroso”.
    Así en el Código penal, en la Ley de procedimiento penal y en la
    aplicación práctica de estas leyes por la PNR, la Seguridad del Estado y
    los tribunales de justicia aparecen figuras delictivas que sólo serían
    aplicables a estos propios órganos estatales por su abuso de poder y de
    acuerdo a las normas del Derecho Internacional.
    La PNR, la Seguridad del Estado y los tribunales de justicia, cometen
    los siguientes delitos del Código penal cubano con total impunidad
    amparados en la debida obediencia y en la figura delictiva de
    “peligrosidad predelictiva”.
    El “desacato” y “el atentado a la persona”: son las autoridades las que
    ejercen violencia contra los arrestados. “Asociaciones, reuniones y
    manifestaciones ilícitas”, el gobierno no permite la inscripción legal
    por la ley de asociaciones que mantiene congelada desde 1996.
    “Clandestinidad de impresos” las autoridades ordenan a los niños quemar
    la Declaración de Derechos Humanos en un “acto de repudio” contra las
    Damas de Blanco. “Difamación”, “violación de domicilio”, “Coacción”,
    “Chantaje”, “Lesiones”, todas son aplicadas por las propias autoridades
    contra los periodistas independientes y los opositores. “Delitos contra
    la libertad de culto”: impiden a las Damas de Blanco llegar a las
    Iglesias todos los domingos. “Amenazas”, todos los miembros de la
    sociedad civil independiente han sufrido amenazas de las autoridades
    contra ellos y sus familiares. “Propaganda enemiga” la Declaración de
    Derechos Humanos ha sido considerada propaganda enemiga y ha sido
    también decomisada en aduana en múltiples ocasiones. Todas estas figuras
    delictivas son sancionables con un año o dos años de privación de
    libertad y la última hasta con ocho años de privación de libertad, según
    el propio Código penal.
    En Cuba los arrestos arbitrarios ocurren todos los días sin orden de
    arresto, no se comunica a los familiares de inmediato el arresto, no se
    puede apelar lo arbitrario del arresto pues se debe presentar ante el
    mismo que ha ordenado el arresto que es “juez y parte” y por la gestión
    que haga un familiar para buscar un abogado. No cuenta el detenido con
    un abogado de oficio o seleccionado por este, durante los primeros 10
    días de arresto según la ley de procedimiento penal. Es más, por ley, la
    fase preparatoria de investigación puede prorrogarse hasta seis meses y
    el detenido no cuenta con la presencia de un abogado hasta cinco días
    antes del juicio oral. El caso del preso político fallecido en la cárcel
    Hamell Santiago Más Hernández, llevaba más de ocho meses preso sin
    presentarle a juicio y careció de asistencia médica adecuada según su
    esposa que lo visitó en prisión.
    Durante los primeros diez días los reos pueden recibir golpizas de
    manera arbitraria y tratos degradantes sin que puedan defenderse de
    estos abusos de poder. Así ha sucedido con Antonio Rodiles, El Sexto,
    Eduardo Cardet, José Daniel Ferrer, Carlos Amel, las Damas de Blanco,
    Guillermo Fariñas, Jorge Luis Pérez (Antúnez), Iván Hernández Carrillo y
    la enorme lista de presos políticos que desde hace décadas han sufrido y
    sufren abusos, maltratos, tortura de diversos grados y celdas de castigo
    en los centros penitenciarios del país.
    En relación con las violaciones a domicilios, el Coordinador de la
    UNPACU ha denunciado más de siete decenas de allanamientos arbitrarios a
    las casas de opositores —en los últimos meses y primeros del nuevo año—
    donde familiares y niños están presentes ante la violencia policial. El
    “hurto” que hacen las autoridades de instrumentos de trabajo y
    expedientes de trabajo, comida, bienes y dinero aparecen en la ley como
    “confiscación.” El Centro Cubalex fue violentado sin orden de arresto
    plausible y sus miembros obligados a desnudarse ante las autoridades
    como humillación y muestra de tratos degradantes por parte de las
    autoridades de la policía, la seguridad del Estado y la Fiscal, presente
    en la violación con fuerza del domicilio. Con igual impunidad sus
    instrumentos de trabajo y expedientes fueron robados bajo la figura de
    “confiscación”.
    Por todas estas razones, el Comité de la ONU contra las Desapariciones
    Forzadas, que intervino frente a la Delegación cubana el 6 y 7 de marzo
    de este año, le señaló la necesidad de firmar el Protocolo Facultativo
    de la Convención contra la Tortura que Cuba ya ratificó como estado
    parte, y asumirlo en su legislación nacional. Aplicar en su legislación
    la Convención contra las desapariciones forzadas ya que lo ha
    ratificado, y llamó la atención sobre la falta de independencia del
    sistema judicial cubano y sobre la indefensión ciudadana frente a las
    detenciones. También hizo hincapié, en la necesaria ratificación del
    Pacto de los Derechos civiles y políticos, legislación internacional
    “madre” de todas las demás Convenciones subsiguientes que protegen los
    Derechos Humanos universales en la Carta de Naciones Unidas que el
    Gobierno de Cuba dice respetar.
    Es evidente, que el sistema político cubano no respeta los Derechos
    Humanos civiles y políticos de acuerdo a las normas del Derecho
    Internacional. La violación empieza por el PCC y en la ley, continua en
    su reglamento de ley, y concluye en la práctica represiva de la PNR, los
    órganos de la Seguridad del Estado, los tribunales de justicia y los
    fiscales que amparados en la “obediencia debida” son los gestores de la
    plena realización de la “banalización del mal” en la impartición de la
    justicia en Cuba.

    Source: El PCC es el responsable de la ausencia del «debido proceso» en
    Cuba – Artículos – Opinión – Cuba Encuentro –
    www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/el-pcc-es-el-responsable-de-la-ausencia-del-debido-proceso-en-cuba-328862

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